La ley de Centros de Estudiantes consagra como derecho la necesidad que tienen los jóvenes a organizarse para la defensa de sus derechos e intereses. Se los reconoce como sujetos con plena capacidad de pensar por sí mismos y de ejercer sus derechos. El ámbito de aplicación son los establecimientos educativos tanto públicos como privados garantizando la igualdad de derechos consagrados en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional.
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